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Derechos sociales o derechos de humanidad.

Por: Vicente Alti Hochstetter / Candidato a Diputado por la Quinta Costa

Uno de los ejes centrales del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y su círculo es la idea de unos derechos sociales que desde algún tiempo ha venido planteando la Izquierda Internacional. Estos derechos sociales pretenden ser la compensación por haber aceptado el mercado como el mecanismo eficiente para la producción de bienes y servicios. Ahora bien, la Izquierda Internacional los enumeran: salud, educación, vivienda y previsión. En esto la presidenta y su círculo los sigue, pero se aparta en su implementación, ya que si bien para otros países su universalidad y gratuidad van de acuerdo al estado de desarrollo y a los recursos fiscales disponibles, el gobierno los ha buscado instaurar apresuradamente.

Tal como lo plantearon diversos movimientos sociales, para el Gobierno los derechos sociales buscan ser universales, gratuitos y con gran participación estatal. Lo mismo era claro cuando partieron  las primeras reformas planteadas. Ahora, cuando la disminución e insuficiencia de recursos fiscales es evidente e inocultable, esas condiciones se pretenden dejar amarradas para el futuro, con plazos que restan a los gobiernos sucesivos la libertad de decidir sobre un tema tan significativo y con discutible eficacia.

Entrando a la esencia de tales derechos sociales debemos rectificar la expresión ambigua, reconociendo la existencia de ellos como derechos individuales que deben ser garantizados socialmente. La idea no es originaria de la Izquierda porque forma parte de la visión socialcristiana desde 1843 cuando el jesuita italiano Luigi Taparelli escribió “... la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Esto se ha mantenido en vigencia, toda vez que se busca asegurar un mínimo de bienestar de las personas, compatibilizando su dignidad humana con su libertad, asegurando políticas sociales focalizadas en los más necesitados, impuestos negativos, subsidios o derechos de humanidad, entendidos como derechos individuales garantizados por la sociedad graduando su gratuidad y extensión según recursos disponibles y con cumplimiento de deberes sociales, porque no existen derechos sino existen sus deberes correlativos.

Otro punto que separa radicalmente -dejando de lado la falta de claridad, fundamento y la impericia con que ha implementado sus proyectos el Gobierno- la idea de los derechos sociales en marcha con la idea de los derechos de humanidad es que estos son satisfechos por bienes y servicios proveídos en competencia entre agentes económicos de la sociedad civil y, también, con la de derechos sociales de la Izquierda Internacional que admite la competencia entre agentes privados y estatales en esa provisión, con el fin de asegurar eficacia y eficiencia económica. Para este Gobierno, al contrario, un aspecto central es caminar en sucesivas etapas hacia una exclusiva provisión por el Estado en un ya trasnochado estatismo de sesgo totalitario que pretende expulsar a los agentes económicos de la sociedad civil para sustituirlos por agencias estatales centralizadas. Nadie puede dejar de apreciar que esta intención ideológica pone en riesgo la libertad de las personas al dejarlas entregadas a burócratas partidistas, como se ha conocido en los socialismos reales.

Ante la falta de claridad de las intenciones reales del gobierno y las prevenciones que provoca en la mayoría de la gente su actuar confuso y cambiante, resulta indispensable que la presidenta y su círculo exprese su verdadera intención al respecto. Lamentablemente, la difícil situación previsible para nuestro país por el efecto de las reformas nos obliga ahora a pedir estas precisiones mínimas, antes de que las conversaciones que están por venir, algunas tan importantes como la del proceso constituyente, oscurezca aún más la discusión política.

 

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