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Por: Luciano San Martín Gormaz. /Facultad de Arte. UPLA.

En numerosas ocasiones se ha sostenido que el principal “problema patrimonial” en Chile es lo obsoleto de las normativas legales e instrumentos públicos, con  los que cuenta la institucionalidad y el mundo privado y ciudadano,  en el momento de su defensa y puesta en valor.

Lo lento de los procesos, el choque y duplicidad de roles y funciones de lo público, la ausencia de financiamiento y la escasa participación ciudadana, sumados al hecho, que en nuestro país los municipios, no son en rigor gobiernos locales sino más bien administraciones locales, aumentan la sensación que la temática patrimonial es de pronto un campo de conflicto y de confrontación de los deseos y expectativas de los habitantes y de su débil ejercicio ciudadano.

Hemos sostenido que las nuevas miradas en torno a lo patrimonial lo definen a partir de un “ejercicio relacional”, vale decir, del cómo un grupo humano lee y valora su pasado y cómo la memoria social provoca anclajes y topofilias, supone relecturas y valoraciones de  orden socioemocional y socioterritorial y se expresa en la definición de qué será lo recordable y/o memorable como parte insustituible del pasado del grupo y de su territorialidad.

Esta práctica es relacional toda vez que supone, por definición, una activa participación ciudadana, como condición sine qua non de la valoración y relectura del pasado común.

Entonces, resulta curioso por ejemplo, la falta de una discusión ciudadana en el tema de la Casa Italia de Viña del Mar, en donde más bien hubo una discusón entre una neocomunidad italiana fraccionada y el Comité de Italianos en el Extranjero Chile, en donde además, la institucionalidad pública sacó en tiempo récord todos los permisos y decretos necesarios para la protección del edificio, situación nunca vista en los extensos y complejos procesos que ha debido atravesar la ciudad de Valparaíso.

Pero sin duda, que un mejor ejemplo, es la discusión generada durante los últimos días en torno al financiamiento de la Iglesia de San Francisco del Cerro Barón de Valparaíso.

Este inmueble declarado Monumento Histórico en 1951, debió sufrir durante los últimos años tres incendios y un terremoto que la han dejado prácticamente en ruinas. La última intervención pública del año 2013 alcanzó un total de $3.400 millones, que reducidos a cenizas luego del último incendio, ascienden el día de hoy a la suma de $ 7.248 millones, cifra que ha provocado un enorme debate en la Región.

Ciertamente, que en el marco normativo existente, el plan de gestión que supone la reconstrucción de la Iglesia promueve el inmueble como un polo de desarrollo cultural, turístico y ciudadano que bien administrado y gestionado puede proyectarse en el tiempo, en ello, hay exitosos ejemplos en nuestra propia Región, entre ellas, el Buen Pastor de San Felipe.

Sin embargo, es el propio CORE quien cuestiona el gasto, frente a las necesidades existentes ¿no es acaso posible que la propia iglesia ayude a buscar fondos?

Una pregunta abierta e interesante (sobre todo para una institución del tamaño de la iglesia) que supone volver a definir cuándo algo es leído y entendido como gasto y cuándo como inversión y/o necesidad.

La propia noción de puesta en valor, reseña una idea, la de resituar y revalorar un valor común al grupo social.

Pero el pasado común y el verdadero desarrollo del patrimonio van más allá de estos dos ejemplos.

El tema no es, ni puede ser, una discusión de élites o de grupos de interés y de especulación económica. El pasado, es precisamente común porque nos corresponde a todos, la discusión y el gasto deben poseer sentido en la ciudadanía.

El tema es profundamente político. El gasto y la inversión para la puesta en valor del patrimonio debe ser por definición un espacio de ejercicio democrático al interior de los territorios. Todos debemos participar de la lectura y valoración del pasado. Sólo así se definirá si finalmente es un gasto o una inversión.

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