LOS DERECHOS SOCIALES Y EL ABUSO

Por Javier Ignacio Tobar.

Cada cierto tiempo, Chile vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: qué ocurre cuando el Estado comienza a perder legitimidad ante los propios ciudadanos que debe proteger.

No hablo únicamente de la desconfianza política, que hace años se arrastra en encuestas y conversaciones cotidianas, me refiero a algo más profundo, más delicado y más peligroso: la erosión moral de las instituciones públicas cuando la ciudadanía percibe que el sacrificio siempre recae sobre quienes cumplen las reglas, mientras otros las utilizan en beneficio propio.

En las últimas semanas hemos conocido dos noticias que, aunque parecen distintas, están íntimamente conectadas: por una parte, los severos recortes presupuestarios en salud pública y programas sociales destinados a adultos mayores, prevención, cuidados paliativos, salud mental y atención primaria. Y por la otra, el escándalo provocado por los miles de funcionarios públicos que han utilizado fraudulentamente licencias médicas, incluso viajando o vacacionando mientras el sistema financiaba esas ausencias. Dos hechos distintos, sí, pero unidos por una misma consecuencia: el debilitamiento de la confianza social en el sistema público chileno.  

25.764 funcionarios públicos con “mal uso” de la licencia;  7.710 condenados por abuso. (Fuentes: SUSESO Y CGR).

Y esa confianza -a la que me refería- no es un asunto abstracto.

La confianza es el cemento invisible que permite que una sociedad acepte pagar impuestos, sostener servicios comunes y creer que el esfuerzo colectivo vale la pena. Cuando esa confianza se rompe, el deterioro institucional comienza a avanzar silenciosamente. Lo grave es que Chile parece estar entrando precisamente en ese momento.

Porque mientras el Estado anuncia recortes millonarios en salud pública ($413 mil millones de pesos según el famoso decreto –no ley– N° 333), argumentando estrechez fiscal y eficiencia presupuestaria, la ciudadanía observa cómo una parte del aparato estatal abusó de un instrumento que existe para proteger a quienes realmente están enfermos. Ahí aparece la fractura ética más compleja de todas: el ciudadano común termina sintiendo que se le pide austeridad y sacrificio, mientras otros utilizan los recursos públicos como si fueran inagotables.

El problema no es únicamente económico. Es profundamente moral. Cada licencia médica fraudulenta no representa solamente dinero perdido; representa una hora médica menos, una lista de espera más larga, un examen que se posterga, un adulto mayor que no recibe atención oportuna y un paciente que vuelve a su casa sin diagnóstico. El abuso individual termina afectando derechos colectivos. Y eso es precisamente lo que muchas veces olvidamos cuando discutimos estos temas como si fueran simples cifras presupuestarias.

Los antecedentes conocidos son particularmente delicados. La Contraloría detectó más de 25 mil casos de funcionarios públicos que habrían mal utilizado licencias médicas. Al mismo tiempo, especialistas advierten que el sistema actual favorece el llamado “shopping” de licencias, donde algunos pacientes recorren distintos médicos hasta obtener el documento que necesitan. El fenómeno ya no parece ser una desviación excepcional, sino una práctica instalada en ciertos espacios culturales y laborales.

Y aquí debemos tener mucho cuidado. Porque sería un error transformar esta discusión en una simple cacería contra el sector público. Sería injusto y profundamente irresponsable desconocer que la enorme mayoría de funcionarios públicos trabaja con honestidad, muchas veces en condiciones precarias, especialmente en salud. Son (somos) precisamente esos trabajadores honestos quienes más sufren cuando se instala la sospecha generalizada y cuando el descrédito termina cubriendo a todos por igual.

Sin embargo, también sería igual de irresponsable minimizar el problema. Durante años, en Chile se fue normalizando una peligrosa cultura de la justificación. La pequeña trampa aceptable. El “favor”. El “todos lo hacen”. El uso indebido de beneficios públicos bajo la lógica de que el Estado es una entidad abstracta, casi infinita, incapaz de agotarse.

Pero el Estado sí se agota. Y se agota especialmente en salud y en educación.

Los documentos conocidos sobre los recortes presupuestarios muestran reducciones que afectan directamente programas de prevención, atención primaria, salud mental, alimentación complementaria para adultos mayores, hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos. Se advierte incluso sobre disminución de horas médicas, retraso de diagnósticos y debilitamiento de programas comunitarios esenciales. 

Y aquí aparece la contradicción más dolorosa de todas. Chile envejece aceleradamente. Nuestra población necesita más cuidados, más prevención, más atención crónica y más apoyo comunitario. Pero en lugar de fortalecer esa red, comenzamos a discutir cómo reducirla. Y en medio de ese debate, emergen miles de casos de abuso de licencias médicas que profundizan la sensación de desorden y deterioro institucional.

La ciudadanía entonces empieza a hacerse una pregunta inevitable: ¿cómo pedir más recursos para salud pública si el propio sistema parece incapaz de proteger adecuadamente esos recursos? Esa pregunta, aunque incómoda, es completamente legítima. Y precisamente por eso el daño provocado por estos abusos es tan profundo. Porque no solamente perjudican financieramente al Estado; debilitan políticamente la defensa misma de los derechos sociales.

Cada vez que alguien defrauda el sistema, fortalece indirectamente a quienes sostienen que el Estado es ineficiente por naturaleza. Cada abuso se transforma en argumento para futuros recortes. Cada fraude erosiona la legitimidad de la inversión pública. Y finalmente quienes pagan las consecuencias no son los responsables directos, sino los ciudadanos más vulnerables: los adultos mayores, los enfermos crónicos, quienes esperan una cirugía, quienes dependen de un Cesfam o quienes viven en comunas donde la salud pública es literalmente la única alternativa posible.

Por eso esta discusión no puede reducirse a consignas ideológicas. Defender los derechos sociales exige también defender la probidad, la responsabilidad individual y la correcta utilización de los recursos públicos. No existe Estado de bienestar sostenible sin confianza pública. Y no existe confianza pública cuando la ciudadanía percibe abusos reiterados, impunidad o doble estándar.

Chile necesita fortalecer su sistema de salud pública, no debilitarlo. Pero para defenderlo con legitimidad también debemos exigir transparencia, fiscalización inteligente y sanciones efectivas para quienes utilizan fraudulentamente instrumentos destinados a proteger a personas realmente enfermas. La solidaridad social requiere responsabilidad colectiva. Sin ella, el sistema completo comienza a resquebrajarse.

Porque al final, el gran riesgo no es solamente financiero. El verdadero peligro es que los ciudadanos dejen de creer en lo público. Y cuando una sociedad pierde esa confianza, recuperar la cohesión social puede tomar décadas.

Hoy el frío no proviene únicamente del viejo estetoscopio de la infancia. Proviene, también, de la sensación de que lentamente estamos perdiendo algo mucho más importante: la convicción de que el Estado puede seguir siendo un espacio de protección, justicia y dignidad compartida.

Javier Ignacio Tobar es Abogado. Académico. Columnista

Panelista de “Entre Lagos y Cerros”, todos los lunes a las 19:00 desde radio RITOQUE.