Conversamos sobre esto y  más con la SEREMI de Educación Romina Maragaño Schmidt.

Anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la reciente Cuenta Pública 2024, el proyecto de ley aborda de manera integral la protección y el bienestar de las comunidades educativas, promueve un enfoque formativo en la materia y se nutre de iniciativas legislativas previas y recomendaciones técnicas desarrolladas por instancias convocadas por Mineduc.

El Ministerio de Educación ingresó esta mañana a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, que fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública, el pasado 1 de junio.

 La propuesta legislativa apunta a promover una forma de gestión para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, fomentando acciones integrales, sistémicas y eficientes que ayuden a prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos. De ahí el propósito de comprender y articular todas las acciones de promoción, prevención, atención focalizada y articulación intersectorial en un cuerpo legal con objetivos sistémicos e intersectoriales.

Para la elaboración de este proyecto de ley se tuvieron a la vista diversas iniciativas previas que han logrado posicionar en el debate público la necesidad de regular los ejes de la convivencia, considerando los distintos tipos de violencia que surgen en el espacio educativo, como ciberacoso, discriminación, acoso sexual, entre otros. La propuesta del Mineduc amplía, por ejemplo, lo abordado en el proyecto de Ley Boletín N°13983, -conocido como “José Matías” en alusión al adolescente trans que se suicidó en Copiapó en 2019, víctima de bullying-, que se encuentra en segundo trámite, al incorporar ideas de diversos proyectos de ley relativos a convivencia educativa, no discriminación, seguridad, protección de los equipos educativos y prevención de delitos y consumo de drogas en los espacios educativos, entendidos como factores de riesgo que afectan el clima y la salud mental de las comunidades educativas. Además, integra contenidos relevantes para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que “la convivencia es un componente fundamental del proceso formativo: influye en el desarrollo académico, enriquece las experiencias de socialización, fomenta el respeto, el cuidado mutuo y ofrece garantías para el bienestar de las comunidades. Sus positivos efectos nutren también la cultura democrática. Como sociedad hemos presenciado cierta normalización de hechos de violencia. Lo que es más preocupante, se ha ido validando como mecanismo de solución de conflictos. Las comunidades educativas no son ajenas a este fenómeno”.

Al respecto, señaló que “este proyecto de ley busca complementar el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Educación, robusteciendo el marco normativo existente, propendiendo a una mayor coherencia del sistema y a su actualización frente a las transformaciones del fenómeno”. En efecto, la iniciativa se nutre de las recomendaciones de distintas instancias técnicas convocadas para abordar temas vinculados a convivencia, protección de espacios educativos y salud mental, como el informe del Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental (2022), el informe del Consejo para la Reactivación Educativa (2023) y el reporte de recomendaciones de la Mesa Técnica Centros Educativos como Espacios Protegidos (2023). A ellas se suma la reciente actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó que “el mensaje presentado por el Presidente Boric da cuenta de experiencias dolorosas que se han producido nuestro país y se han recogido mociones parlamentarias con el objeto de contar con la legislación conforme requiere un país del siglo veintiuno, con toda institucionalidad que promueva la convivencia escolar y que garantice la misma. En ese sentido quiero destacar la labor que realizaron los parlamentarios para visibilizar estos temas a través de las mociones y esperamos que sea respaldado por ambas cámaras”. Fortalecimiento de funciones Contar con medidas efectivas para mejorar la convivencia es una demanda creciente de las comunidades educativas.

 En 2023, la Superintendencia de Educación registró más de 17 mil denuncias, de las cuales el 72,1% fueron por convivencia, 4,9% más que el año anterior. Para enfrentar esta demanda con un marco normativo adecuado, este proyecto de ley propone una serie de medidas que se agrupan en cuatro ejes: establece el rol del Estado para abordar la convivencia; robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa, lo que establece entre otros puntos la obligatoriedad de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un(a) coordinador(a) de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades; fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico, lo que entre diversas acciones implica el refuerzo de equipos y facultades de la Superintendencia de Educación para la gestión colaborativa de conflictos, formar a las comunidades educativas y mejorar sus capacidades de fiscalización y sanción; y crea un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación.

El cuarto eje contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos. Valoración por “propuesta robusta” “Quiero agradecer al gobierno que haya considerado, como parte central y corazón de esta iniciativa a la ley José Matías, que no solo la recoge, sino que la amplía y la fortalece para una mejor convivencia escolar, para proteger integralmente a los estudiantes ante el acoso, la violencia y la discriminación. Las escuelas deben seguir siendo el refugio de nuestros estudiantes, y es ahí donde se aprende el respeto al otro”, afirmó la diputada por la región de Atacama, Daniella Cicardini. “Valoro que el ministro de Educación haya escuchado lo que sucede en los distintos establecimientos educacionales del norte.

Esperemos que con esta propuesta más robusta podamos tener un mejor trabajo en las salas de clases, en los profesores, en el trato que se da a los alumnos y en los mecanismos que se utilizan para no tener que lamentar una muerte”, señaló el diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, “Valoramos profundamente este proyecto. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Es un gran avance por parte del Gobierno y del Ministerio de Educación en particular, y por cierto, desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas vamos a darle una tramitación rápida”, indicó su presidenta, la diputada Emilia Schneider.